8 de Mayo

 


En Argentina, la actividad sísmica se concentra principalmente en sus zonas noroeste y centro-oeste del territorio. Si bien el noroeste ha presentado durante años una actividad sísmica intensa, lo cierto es que no ha afectado a las zonas más pobladas, por lo tanto los daños y consecuencias han sido menores respecto de la integridad ciudadana y habitacional. Diferente son las condiciones del centro-oeste, el cual ha sido históricamente más afectado en distintas oportunidades, con consecuencias drásticas y gran cantidad de víctimas fatales. En efecto, la provincia de Mendoza, junto con San Juan, Neuquén e incluso Tierra del Fuego, se ubica en una faja cordillerana considerada por especialistas como la más propensa a terremotos dentro del territorio argentino.

Mendoza ha sufrido sismos y terremotos que han dejado como consecuencia verdaderos desastres regionales y numerosas víctimas. En este sentido, si bien el primer terremoto registrado data de 1782, fue el de 1861 el que dejó en la historia de los desastres naturales de la provincia y el país una huella trágica. La ciudad de Mendoza sufrió entonces la pérdida de un tercio de su población y gran parte de la infraestructura quedó destruida. Por otra parte, San Juan experimentó un terremoto similar en 1944, acontecimiento que contó entre sus pérdidas una cantidad de 10 mil muertes sobre un total de 90 mil habitantes.

Orígenes del INPRES

Tras el terremoto que devastó a la provincia de San Juan casi en un 80% en 1944, el Poder Ejecutivo argentino creó, a través de su Ministerio del Interior, el Consejo de Reconstrucción de San Juan con el objetivo de atender a las víctimas y reparar los daños materiales sufridos en la provincia. Luego, en 1964, este Consejo amplió su denominación y pasó a llamarse Consejo Nacional de Construcciones Antisísmicas y Reconstrucción de San Juan (CONCAR).

Una vez concluidas las obras de reconstrucción en San Juan, el Poder Ejecutivo Nacional decidió disolver, en 1972, el CONCAR y sancionar, el 8 de mayo de ese mismo año, la Ley 19.616, con la cual creó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), ente con sede central en San Juan y que se encarga de concientizar a la población, de practicar la sismología y de generar las medidas, reglamentos y prevención del riesgo sísmico, necesarios para el cuidado de la población y las estructuras civiles en zonas sísmicas.

La prevención, la educación y la información sobre estos temas referidos a posibles desastres naturales resultan indispensables para actuar de forma ordenada y evitar los estados de pánico social en caso de que ocurra un terremoto. Las escuelas, las instituciones gubernamentales y la propia familia son quienes deben encargarse de reunir las condiciones propicias —relevamiento de datos, campañas de prevención, botiquines, salidas de emergencia, espacios de refugio, reservas de comida— para afrontar de la mejor forma posibles catástrofes naturales.



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